Los años 80: terapeutismo y represión.

De 1975 a 1980 se crean las condiciones sociales y políticas que harán que en la década de los 80 se magnifique la “Guerra contra las drogas”. Los atracos a farmacias de esa época fueron realizados en su inmensa mayoría para proveerse de derivados opiáceos ya que el mercado clandestino de la heroína era aún incipiente.
El triunfo socialista de 1982 trajo consigo la reforma del Código Penal de 1983. Dicha resforma distinguía entre drogas que causan grave daño a la salud: las mal llamadas drogas “duras” (heroína y cocaína), y las denominadas drogas “blandas” (cannabis). La tan cacareada “Alarma Social” fue orquestada por los grupos periodístico-mediáticos de derechas para abortar la reforma del Código Penal. En esa época las prisiones estaban llenas de presos preventivos, que podían estar hasta 4 años sin ser juzgados. De hecho, el hacinamiento en las prisiones españolas comenzó en esos años.
En 1985 el primer gobierno del PSOE aprobó el “Plan Nacional contra la Droga”. Este plan es la respuesta del Estado ante el enorme aumento del consumo de drogas ilegales en los años 80. El estado decide reorientar la “Guerra contra las Drogas” hacia una doble óptica: represiva y terapéutica. A la vez que comienza a articularse organizaciones al margen del Estado de asistencia a los drogadictos, en manos de sectas y grupos religiosos, el Estado crea su propia organización terapéutica-represiva a partir del populacho mafioso, universitario y de ideologías políticas cercanas al PSOE como médicos, farmacéuticos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etc., muchos de ellos en paro, pero otros ya pluriempleados al servicio de distintas administraciones y negocios privados. La contrarreforma del Código Penal de 1988 vuelve a aumentar las penas para cualquier clase de tráfico de drogas. Se crea la fiscalía especial antidroga. La “Ley Corcuera” vuelve a criminalizar a los consumidores. El art. 25 considera infracción grave a la seguridad ciudadana el consumo en lugares públicos. También es grave la “tolerancia” del consumo o la falta de diligencia en impedirlo en establecimientos públicos. Por esta disposición han sido multados y cerrados cientos de bares en toda la Península Ibérica.