La consumición de drogas en la actualidad.

Los años 90 han sido la época de consolidación del complejo terapéutico-represivo por medio de la extensión de los programas de metadona por toda la geografía española. Año tras año, los presupuestos de las distintas administraciones públicas (estado, autonomías, diputaciones, ayuntamientos) han ido aumentando sus partidas de “lucha contra la droga”.
El aparato médico-corporativo del sector público gobierna el 70% del presupuesto de atención a los “drogadictos”. El otro 30% está en manos de un sector privado compuesto mayoritariamente por sectas fundamentalistas, unas de carácter religioso y otras laicas como el famoso “Proyecto Hombre” (del cuál hablaremos más adelante). En lo que respecta al sector privado, más de 100 ONG antidroga viven de las generosas subvenciones públicas y privadas de fundaciones, bancos y distintas confesiones religiosas. Sin embargo, el lucro y el ansia de poder son su meta no confesada.
En los 90 también se aprobó el nuevo Código Penal. Código más represivo si cabe que el anterior. Las penas por tráfico de drogas aumentan significativamente de 5 a 9 años, además de que la eliminación de la redención de penas por trabajo llevará al cumplimiento íntegro de los condenados. Ciertos políticos como Diego López Garrido, autor intelectual del nuevo Código Penal, alabaron estas medidas “progresistas”. El 85% de todos los delitos penados en el nuevo Código Penal están relacionados directa o indirectamente con la prohibición de las drogas, por lo que las cárceles están atestadas de ciudadanos que han ejercido su derecho a consumir o vender distintas substancias, prohibidas hoy en día por el Estado.
España tiene el mayor número de personas presas de la Unión Europea con relación a sus habitantes: 49.000 personas; 6.000 de ellas en Cataluña. En 1978, el año de la aprobación de la Constitución, había 10.500 personas presas en las cárceles españolas. En 20 años se ha cuadruplicado la población carcelaria y sigue en auge la política de construcción de nuevas prisiones. Nunca ha habido tantos presos en este país, desde el final de la última Guerra Civil. El 70% de la población reclusa es consumidora de drogas y gran parte de ella están enferma de tuberculosis, hepatitis o VIH-SIDA. De 1985 hasta la actualidad, más de 3.000 personas murieron de SIDA durante su reclutamiento en la cárcel. Los suicidios, malos tratos y muertes por torturas han sido los actos más comunes de los años 90 en las prisiones españolas. Desde que en 1991 empezase a aplicarse el ilegal régimen FIES, la vulneración de los derechos humanos ha alcanzado cotas dignas de equipararse a cualquier estado nazi-fascista.